Captura, utilización y almacenamiento de carbono con recuperación mejorada de petróleo en Ecuador

Ecuador basó su erario en ingresos petroleros mientras asumió obligaciones internacionales de reducción de emisiones. Las tecnologías de captura, utilización y almacenamiento de carbono con recuperación mejorada de petróleo (CCUS-EOR) combinaron recuperación incrementada de crudo mediante inyección de CO₂ con su almacenamiento a largo plazo en reservorios geológicos. El estudio determinó el grado de compatibilidad de las tecnologías CCUS-EOR con la Constitución de 2008 e identificó lagunas normativas que condicionaron su aplicación en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Se empleó un enfoque cualitativo de tipo jurídico-doctrinal. El universo estuvo constituido por la normativa ecuatoriana vigente, la jurisprudencia constitucional y la literatura especializada, y la muestra se seleccionó mediante muestreo intencional basado en criterios de pertinencia jurídica. El estudio se basó en la revisión de normativa nacional y jurisprudencia constitucional relevante, así como en la contrastación con estándares internacionales, particularmente la Directiva 2009/31/EC y la norma ISO 27914:2017. El análisis permitió identificar cinco lagunas regulatorias estructurales: inexistencia de una categoría jurídica para el CO₂ en el ámbito CCUS; ausencia de figuras contractuales que integraran la actividad extractiva con servicios ambientales; carencia de protocolos técnicos para el almacenamiento geológico; falta de instrumentos de certificación del carbono capturado; e indefinición de una entidad reguladora con competencia integral sobre el ciclo de los proyectos. En este contexto, también se observaron tensiones constitucionales con los derechos de la naturaleza, el mandato de promoción de tecnologías limpias y el principio de restauración ambiental. La incorporación del CCUS-EOR en el sistema jurídico ecuatoriano resultó jurídicamente viable, pero condicionada a reformas legislativas e institucionales que constituyeron requisito necesario para garantizar seguridad jurídica bajo un enfoque de coherencia constitucional.